Proyectos de ley

Ante proyecto de Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Abogados y Operadores de Justicia. Esta ley fue una de las 128 recomendaciones que la ONU le hiciera a Honduras en el Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos (EPU) en 2010. La ley contempla la creación de mecanismo de protección para aquellas personas que por el ejercicio de su profesión se encuentran en posición de vulnerabilidad.

Ante proyecto de Ley para prohibir los cobros en dólares en los arrendamientos. Este proyecto de ley busca reformar la ley de inquilinato para prohibir que el alquiler de viviendas y/o locales sea cobrado en dólares. Contempla una multa equivalente a 3 meses de renta para el que infrinja esta disposición y cobre en dólares los alquileres.

Ante proyecto de Ley para prohibir los cobros en dólares en los servicios de telecomunicaciones. Este proyecto de ley busca reformar la ley de telecomunicaciones con el objetivo de prohibir el cobro en dólares de los servicios de telefonía móvil y fija, internet y cable. El proyecto contempla una multa de hasta 100 salarios mínimos para la compañía que venda servicios en dólares.

Ante proyecto de Ley para prohibir los cobros en dólares en dólares los demás rubros. Una vez reformadas las leyes especiales como la de inquilinato y telecomunicaciones, este proyecto contempla la reforma de la ley de protección al consumidor para evitar que en los rubros que no están cubiertos por una ley especial, se cobre en dólares a los hondureños. Con este proyecto de ley se pretende eliminar los cobros en dólares de manera general como complemente a lo que presentamos en los dos proyectos anteriores.

Reforma a la Ley Monetaria para estabilizar la banda cambiaria. Actualmente, el sistema de subasta diaria de divisas permite que la moneda se devalúe todos los días y pierda su valor frente al dólar, lo que hace que nuestros sueldos y nuestro dinero en general, pierda valor adquisitivo. Esta reforma contempla cambiar la actual política cambiaria y sustituirla por una que mantenga fija la tasa de cambio por un año. Esto permitiría a los hondureños estabilizar sus finanzas beneficiando la economía familiar de la clase media principalmente y detendría la inflación.

Reformas a la Ley Electoral. En nombre de Libre presentamos un paquete de reformas a la ley electoral que pretenden, entre otras cosas, el voto electrónico, la segunda vuelta, la depuración del censo, la representación equitativa en el TSE y en el RNP, el escrutinio electrónico y descentralizado del TSE, la penalización del acto de inscripción como candidato a Presidente a cualquier ciudadano que haya ejercido el cargo bajo cualquier título (que se meta presa al Magistrado que inscriba como candidato a Presidente a quien ya haya ejercido la presidencia), regulación de las campañas políticas, techos para los gastos de campañas, etc.

Solicitud de derogatoria de la Ley de Secretos del Estado. Solicitamos que se derogara la ley de secretos del estado pues esa ley solo sirve para tapar los actos de corrupción del actual gobierno. Por ejemplo: amparado en la ley de secretos del estado, el Presidente declaró como secreto de estado lo que se gastó con impuestos del pueblo hondureño en el viaje de presidente y otros funcionarios a ver el mundial de Brasil.

Derogación de la nueva Ley de INJUPEMP. La nueva ley de INJUPEMP prevé un aumento en la edad para jubilarse, antes se podía jubilar a los 65, ahora a los 75. También se elevó el tiempo mínimo de cotización para la jubilación voluntaria que pasó de 10 a 20 años. De igual manera, la nueva Ley estipula que la jubilación ahora se calcula en base al promedio de los últimos 120 sueldos, cuando la ley anterior promediaba los últimos 36 sueldos. Desde todo punto de vista, la nueva ley representa una disminución de los derechos de los usuarios de INJUPEMP.

Reformas a la ley de INJUPEMP. Mediante esta reforma a la ley de INJUPEMP, se logró que no le aplicaran ninguna deducción al décimo tercero y décimo cuarto mes de salario de los empleados públicos.

Reforma a la Ley de COALIANZA. Mediante esta reforma se pretende que el 2% de comisión que obtiene COALIANZA por hacer negocios con bienes del estado, no sea utilizado en salarios y otros emolumentos (por eso ganan L. 200,000.00 porque la ley dice que esa comisión puede servir para su salario), si no que sea municipalizado y ser utilizado por las alcaldías para programas de creación de empleo en cada municipio.

Reforma a la Ley de la Tasa de Seguridad. A través de esta reforma se pretende realizar una auditoría forense internacional a los fondos de la tasa de seguridad cada dos años, con el objetivo de que nos indique cuanto ha recaudado el gobierno por la tasa de seguridad y en que se ha invertido. También contempla que se estos fondos no sean utilizados por el gobierno central sino que sean entregados a las municipalidades para que las alcaldías diseñen sus estrategias de seguridad atendiendo las circunstancias particulares y necesidades de cada municipio.

Reforma al artículo 216 del Código Penal. Esta reforma contempla la inclusión de actividades irregulares durante las elecciones (fraude) como delitos. Mediante esta reforma se castigaría con cárcel la compra y venta de votos, la retención ilegal de tarjetas de identidad, votar en nombre de otra persona, la alteración de datos electorales, el tráfico de credenciales, la utilización de dinero del pueblo en campañas electorales, entre otras conductas fraudulentas.

Reforma al Código del Trabajo. Mediante esta reforma se pretende hacer más expedito el proceso laboral para que el trabajador pueda obtener más rápido o sus prestaciones o su reintegro.

Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional. A través de esta ley se pretenden crear los mecanismos legales mediante los cuales Honduras colaborará con la Corte Penal Internacional ante cualquier circunstancia. En la actualidad, Honduras no cuenta con ningún mecanismo de colaboración con la CPI, por lo que podría venir ISIS y operar desde Honduras y la Corte Penal Internacional no podría hacer nada porque no puede violentar la soberanía de un país.

Interpretación a la Ley de Protección al Consumidor. Este proyecto de Ley tiene por objeto interpretar la Ley d Protección al consumidor para evitar que los bancos se laven las manos ante tanto proyecto habitacional mal construido como el caso de Ciudad del Ángel. En la actualidad nadie le responde a estas personas.

Despenalización de los delitos contra el honor. Se introdujo un proyecto de Ley para que los agravios contra el honor y la dignidad de las personas se ventilen por la vía civil y no por la vía penal.

Reforma a la Ley Sobre Justicia Constitucional. En la actualidad, los actos de los diputados no son sujetos de amparo. Es decir que el CN podría vender Roatán y esa acción no podría ser recurrida en amparo. Mediante esta reforma se pretende que cualquier acción cometida por el Pleno de diputados del CN, sea sujeta a revisión a través de un amparo.

Reforma a la Ley de Protección de Funcionarios y Ex Funcionarios. A través de esta reforma se incluyó en la lista de funcionarios protegidos por el Estado a los Magistrados que conozcan de los procesos de extradición. Esto permitió que se desengavetaran los procesos de extradición de 7 narcos, que estaban parados por el miedo de los Magistrados de extraditar narcos y quedar a merced de estos por no contar con la seguridad debida.

Reforma para elevar a rango constitucional el décimo cuarto mes de salario. El décimo tercer mes de sueldo (aguinaldo) tiene rango constitucional, por ende, para eliminar este derecho se necesitan 86 diputados que lo aprueben en una legislatura y 86 que lo ratifiquen en otra. Sin embargo, el décimo cuarto puede ser derogado con apenas 33 diputados en una sola legislatura. En estos tiempos donde todos los derechos son irrespetados, es preciso blindar esta conquista laboral.

Reforma constitucional para mejorar el funcionamiento de la CSJ. En el congreso anterior se reformó la constitución para darle poder al Presidente de la CSJ para que pueda incorporar a magistrados suplentes (que no existen en la ley) para que voten en determinado fallo en lugar de un magistrado propietario del que ya se conoce su voto. Como no hay magistrados suplentes, el Presidente puede echar mano de cualquier notario a su discreción. Esto es peligroso porque significa que el Presidente de la CSJ tiene la posibilidad de obtener una votación a favor o en contra de determinado fallo, metiendo a discreción a magistrados de relleno que harían su voluntad. Esta reforma contempla un proceso predeterminado para suplir magistrados y establece mejores criterios de funcionamiento de las salas especializadas que componen la CSJ.

Reforma constitucional para la creación del Sistema de Selección y Evaluación para los operadores de justicia. Con esta propuesta de reforma constitucional, se instituye un sistema que proveerá los mecanismos necesarios para confrontar las aptitudes personales o profesionales con la habilidad o capacidad para enfrentar exitosamente en la práctica los desafíos o retos cotidianos en sus respectivas competencias, en función de las metas y objetivos institucionales, de todos los funcionarios con un rol preponderante en la administración de justicia como Magistrados, Consejo de Judicatura, Fiscales, Procuradores. El objetivo principal es que lleguen a estos puestos personas profesionalmente idóneas y no políticamente necesarias.

Reforma al artículo 783 del Código Procesal Civil. Mediante esta reforma, se pretende lograr aliviar la gran mora existente en materia civil sobre todo en el cono urbano, redistribuyendo la carga de los juzgados de letras a los juzgados de paz. Con esto se descongestionarían los juzgados civiles y al hacerlo se agilizarían los juicios atendiendo el conocido proverbio jurídico que dice que “justicia tardía no es justicia”.

Reforma al artículo 634 del Código Procesal Civil. Con esta reforma, se pretende agilizar los juicios de familia, particularmente los de alimentos, en beneficio de los niños y las madres solteras. En la actualidad, si un padre irresponsable es demandado, tiene 30 días para contestar; mientras tanto, un niño se nos puede morir de hambre. Esta reforma plantea que este tipo de demandas sean contestadas en 10 días y no en 30.

Reforma a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Durante el CN fue manejado por JOH, se reformó esta Ley con el objetivo de que todo aquel que quiera demandar al estado, antes de hacerlo rinda una fianza del 20% del valor de la cuantía de la demanda. Lo anterior supone una violación flagrante a derechos fundamentales, principalmente el de tutela judicial efectiva (acceso a los tribunales) y gratuidad de la justicia. Más allá de lo anterior, también es una grave discriminación, puesto que solo los ricos podrán acceder a la justicia, pues solo el que tenga dinero para pagar la fianza podrá demandar al estado. ¿Qué pasaría con la señora a la que le inyectaron sangre con VIH en el Hospital Escuela en una evidente mala praxis? Pues a menos que tenga un par de millones para la fianza, no podrá demandar al estado por el terrible daño que el mismo estado le ha causado.